Un reportaje de The Clinic reveló que el senador Luciano Cruz-Coke mantuvo hasta noviembre de 2020 un contrato de arriendo con la Junji por una casona de su propiedad, con un pago mensual de $4 millones. El hecho, ocurrido justo antes de que asumiera su escaño en el Senado, ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la compatibilidad ética entre negocios personales y el ejercicio de cargos públicos.
Ante las críticas, Cruz-Coke respondió: “Si alguien quiere llevarlo al Tribunal Constitucional están en su derecho”, sin ofrecer mayores explicaciones sobre el contrato. En paralelo, diputados del Partido Socialista anunciaron que recurrirán a dicho tribunal para solicitar una revisión del caso. El episodio reabre el debate sobre la transparencia en la función pública, en un contexto donde la ciudadanía demanda cada vez más claridad en la conducta de sus representantes.
