Esta es la razón por la que el dueño de la U dejará de ser accionista mayoritario

Michael Clark, presidente de Azul Azul, se encuentra en el centro de una disputa legal luego de que los accionistas Daniel y Eduardo Schapira presentaran una querella en su contra. Los Schapira, quienes poseen el 21,4% de las acciones de la concesionaria que administra la Universidad de Chile, acusan a Clark de presunto fraude relacionado con la adquisición de cuotas del fondo Tactical Sport. La querella sostiene que Clark no cumplió con la obligación legal de realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) durante la compra de acciones, lo que según los Schapira afectó los intereses de los accionistas minoritarios y fue realizado de manera irregular.

La acción legal fue presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde los demandantes buscan que la justicia investigue las circunstancias de la transacción y determine si hubo violaciones a la normativa vigente. Los Schapira argumentan que al no realizar la OPA, Clark podría haber influido de manera injusta en la estructura accionarial de la institución y, en consecuencia, alterado el valor y el control de Azul Azul, lo que podría tener un impacto directo sobre los derechos de los demás accionistas.

Por su parte, Michael Clark ha respondido a las acusaciones y se ha defendido asegurando que todas sus acciones se han realizado dentro del marco legal establecido. Además, en un giro de la disputa, Clark advirtió que si la querella resulta ser calumniosa, los responsables de presentar la denuncia podrían enfrentar consecuencias legales. Esta respuesta ha generado una mayor tensión en el entorno de la Universidad de Chile y ha complicado aún más la relación entre los actores involucrados en la administración de Azul Azul.

La querella de los Schapira ha agudizado la incertidumbre sobre el futuro de la Universidad de Chile, especialmente en lo que respecta a la gestión de Azul Azul y su control sobre la institución. La comunidad universitaria observa con atención el desarrollo de este conflicto legal, ya que podría tener implicaciones importantes sobre la gobernanza de la universidad y la relación entre sus accionistas. En este contexto, los próximos pasos en la justicia serán clave para determinar si se confirman o no las acusaciones de fraude, lo que podría cambiar la dinámica dentro de la concesionaria y en la universidad misma.