La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva de Cathy Barriga al estimar que la imputada tenía un alto nivel de responsabilidad en los hechos investigados y que su permanencia en libertad podía afectar el desarrollo del proceso judicial. Según el Ministerio Público, Barriga no solo estaba al tanto de las irregularidades financieras, sino que también habría tenido un rol clave en la autorización de pagos fraudulentos. Ante esta situación, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó su reclusión mientras avanza la investigación.
Sin embargo, el 17 de febrero, pese a haber sido reformalizada con nuevos cargos, la exalcaldesa volverá a cumplir arresto domiciliario total. La defensa de Barriga argumentó que su estado de salud y la falta de peligro de fuga justificaban un cambio en la medida cautelar. A pesar de la oposición del Ministerio Público, el tribunal determinó que la prisión preventiva ya no era necesaria y optó por reinstaurar el arresto domiciliario junto con arraigo nacional y la prohibición de contacto con otros involucrados en el caso.
Esta decisión generó reacciones divididas entre las partes involucradas. Mientras la defensa de Barriga celebró la medida como un reconocimiento a la falta de riesgo procesal, la Fiscalía manifestó su desacuerdo, señalando que aún existen elementos suficientes para justificar su reclusión preventiva. El caso sigue en desarrollo y se espera que en los próximos meses se realicen nuevas audiencias para definir la situación judicial de la exalcaldesa.
